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cani @ 10:58

Sevilla encabeza los arrestos por construcciones ilegales en España

Ordenación del territorio La Guardia Civil detuvo en el primer semestre del año a 68 personas en la provincia por delitos urbanísticos, más de la mitad del total de las detenciones registradas en todo el país, que suman 123.

"No hay sensación de impunidad con los delitos"

Sevilla fue la provincia española en la que más personas fueron detenidas por levantar construcciones ilegales durante los primeros seis meses del año. La Guardia Civil arrestó a 68 personas entre enero y junio de 2006 en el territorio sevillano, mientras que el total de detenciones del país fue de 123. La tendencia es similar a la registrada a lo largo del año 2005, cuando la provincia sevillana encabezó el ranking nacional de detenidos por este tipo de delitos con 42 casos sobre un global de 116, según los datos facilitados a este periódico por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado.
La demarcación territorial de Sevilla lidera también, con mucha diferencia sobre el resto, la tabla del número de construcciones ilegales detectadas por la Guardia Civil en Andalucía. Son 1.400 las urbanizaciones o viviendas ubicadas en Sevilla que los agentes del Seprona han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de septiembre de 2006. Esa cifra supone casi la mitad del total de las construcciones de la comunidad andaluza, donde se han detectado 3.343 edificaciones que no se adaptan a la legalidad.

Los miembros de la unidad especializada en medio ambiente del instituto armado han intervenido en 490 casos en la provincia de Sevilla, que se han saldado con un balance de 170 personas imputadas, entre las que se encuentran los 68 detenidos citados anteriormente. El número de infracciones administrativas es de 251 instruidas por la Guardia Civil, mientras que el de infracciones penales es de 90. El instituto armado ha redactado 151 informes sobre viviendas ubicadas en 21 municipios de Sevilla, provincia en la que además se han realizado 309 parcelaciones ilegales. De estas 1.400 urbanizaciones o casas investigadas, los agentes han precintado ya más de 50, aunque por el momento los juzgados no han ordenado ninguna demolición. Las comarcas más afectadas son las sierras Norte y Sur y la Campiña. En la Sierra Norte, precisamente, fueron puestas a disposición judicial cuatro personas durante el pasado fin de semana. En la Campiña, por su parte, hay unas 200 viviendas denunciadas.

El Código Penal, en los artículos 319.1 y 319.2, incluye a tres figuras como responsables de este tipo de obras no autorizadas: el promotor, el constructor y el director técnico de la obra. En la mayoría de los casos, el Seprona ha detectado que las construcciones son realizadas por los propietarios de las parcelas, siendo el promotor y el constructor la misma persona. En el 90 por ciento de los casos registrados en Sevilla, el dueño de la parcela se dedica profesionalmente a la construcción.

Antes, la parcelación de la urbanización suele ser acometida por un particular, que deja unos accesos mínimos y no libera espacio para la construcción de viales, aceras o líneas de suministro eléctrico o telefónico. De esta forma queda un núcleo en el que todo son viviendas, sin apenas servicios, lo que implica una dificultad añadida a la hora de una posible legalización. El parcelador suele ser el dueño de una gran extensión de terreno no urbanizable que divide esta superficie y vende las porciones a terceros. Además, construye las zonas comunes de la urbanización, como rotondas, accesos, pozos y conducciones. Cuando la Guardia Civil ha detectado que una sola persona ha iniciado estas obras por su cuenta, este individuo queda inmediatamente imputado como presunto autor de un delito urbanístico. A veces alguien ha llegado a alterar el cauce de un río o a utilizar como escombrera una zona verde.

Los propietarios de las parcelas instalan posteriormente el tendido eléctrico y lo contratan a las compañías sin que éstas comprueben la autorización de las líneas. En otras ocasiones, los parcelistas enganchan cables de forma ilegal a un transformador. La Guardia Civil ha descubierto incluso el caso de una comunidad que cuenta con un contrato legal de suministro y que cobra a otras urbanizaciones por realizar enganches clandestinos a su transformador, lo que supone además un fraude a la compañía eléctrica.

En el caso del agua, el suministro depende de pozos que no están legalizados y que sobreexplotan de los acuíferos. Al no existir una red de alcantarillado, cada propietario suele construir una fosa séptica, que no siempre resulta totalmente impermeable. En caso de cualquier filtración, existe el riesgo de que se contaminen las aguas subterráneas.

El Seprona ha detectado además construcciones ilegales en zonas forestales. Es el caso de la urbanización Las Minas, situada en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos, los agentes han observado limpiezas de tierra y movimientos para labrarla, pese a que esta zona está considerada como de extremo peligro de incendios forestales. Por erigir viviendas de uso residencial en lugares forestales hay más de 50 personas puestas a disposición judicial y más de 500 casas investigadas por la Guardia Civil.

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